Abuso de la acusación constitucional

Una vez más, la Cámara de Diputados rechazó una acusación constitucional contra un ministro de Estado. Esta vez fue el turno del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, a propósito del caso “Democracia Viva”, cuya admisibilidad fue rechazada por 79 votos a favor, 61 en contra y 1 abstención.

Desde la acusación constitucional en contra de la exministra de Educación Yasna Provoste a la fecha, se han presentado 18 acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, sin contar la iniciativa contra el Presidente de la República, contra intendentes y gobernadores, y contra ministros de los tribunales superiores de justicia.

Para la mayoría de la población, se trata de un ejercicio inútil que distrae al Congreso de sus funciones.

El asunto es problemático. Para empezar, en la inmensa mayoría de los casos, se hace un uso político de la acusación constitucional, muy alejado de los fines que le asigna la Constitución. Difícilmente se encontrará entre las acusaciones presentadas un ministro que merezca ser destituido “por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno”, como exige el artículo 52 de la Constitución Política.

No sorprende, por lo tanto, que muy pocas iniciativas hayan prosperado. Desde 2008 al presente, tan solo los ministros Provoste, Beyer y Chadwick han sido destituidos e, incluso en esos casos, es muy dudoso que la acusación constitucional haya procedido realmente. Este argumento, que fue invocado repetidas veces por la actual oposición cuando ocupaba el rol oficialista fue olvidado rápidamente al regresar a la oposición. De hecho, en los dos años del Gobierno del Presidente Boric, la oposición ha presentado cinco acusaciones constitucionales.

Así, es claro que el uso que se da a la acusación constitucional es puramente político. Sin embargo, los triunfos y derrotas tras su presentación solo son percibidos como tales por los participantes del juego político. Para la mayoría de la población, se trata de un ejercicio inútil que distrae al Congreso de sus funciones.Lo anterior invita no solo a una reflexión sobre el diseño de la acusación constitucional, sino, sobre todo, un llamado de atención a los partícipes de una práctica que solo contribuye al desprestigio de la clase política.